El Consejo de Ministros del pasado 23 de diciembre aprobó un proyecto de ley que establece una nueva financiación para el denominado Bono Social y modifica la protección de los consumidores con vulnerabilidad severa frete a los cortes de electricidad.
Clientes vulnerables.-La futura norma –que deberá ser convalidada por el Congreso este mes de enero- establece la posibilidad de que haya diferentes categorías de clientes vulnerables y en ese sentido diferentes niveles de bono social.
Coste a cargo de las empresas.-Modifica las empresas obligadas a asumir su coste, pasando de estar obligadas todas las empresas que desarrollen simultáneamente las actividades de producción, distribución y comercialización de energía eléctrica a estar asumido por todas las comercializadoras
Servicios esenciales.-Se incluyen como servicios esenciales y, en consecuencia, que no pueden suspenderse los suministros, los consumidores que tengan la condición de vulnerables severos acogidos a tarifas de último recurso y que estén siendo atendidos, respecto a estos suministros, por los servicios sociales de las Administraciones Públicas competentes por hallarse, en atención a su renta, en riesgo de exclusión social. Estos suministros se circunscribirán a personas físicas en su vivienda habitual.
Se añaden una serie de sanciones administrativas a las empresas en relación con sus obligaciones sobre el bono social.
Transparencia en la contratación.-Establece que el Gobierno impulse medidas de protección y de mejora de transparencia en la contratación del suministro de los consumidores vulnerables, así como que colabore con las Administraciones Públicas competentes en la puesta en marcha de un registro administrativo de puntos de suministro que correspondan a los suministros a consumidores que tengan la condición de vulnerables severos.
Se establece un plazo máximo de 3 meses desde la convalidación de este RDL para que el Gobierno apruebe un RD que desarrolle este RDL.

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