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Días pasados se ha hecho público el libro que recopila lo tratado en el seminario titulado “Acceso Universal a la Energía. Electrificación rural aislada. Visión en Iberoamérica”, celebrado del 8 al 10 de junio de 2016 en el Centro de Formación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)
Al Seminario habían asistido seis ponentes españoles, entre ellos Julio Eisman, patrono de Esf, y Javier Alaminos, responsable de proyectos de Esf en América, así como reguladores y otros agentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay

Encuentro de todos los agentes de la Cooperación
El seminario se diseñó como instrumento para que tuviera lugar un encuentro entre las administraciones implicadas en el problema (ministerios y reguladores energéticos) y los agentes que están actuando en la electrificación de las zonas aisladas, como son las ONG´s, las Universidades y las empresas (éstas últimas movidas por su interés con respecto a la RSC), con el fin de que interaccionasen y compartiesen sus experiencias en este ámbito.

Acceso Universal a la Energía
El acceso universal a la energía sostenible es un objetivo indiscutible para el desarrollo humano y para la lucha contra la pobreza. Para alcanzar el ODS7 es necesaria la electrificación de las zonas rurales más aisladas (la energía es un facilitador del desarrollo).
En Iberoamérica la cobertura eléctrica se sitúa alrededor del 96%, lo que significa que aún existen entre 20 y 30 millones de personas sin acceso a la electricidad.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


• Urgencia en atender en el corto plazo a las comunidades rurales aisladas que no tienen acceso a electricidad. Con la tecnología existente actualmente es posible alcanzar el acceso eléctrico universal en Iberoamérica para el año 2020. Ello requiere centrar los esfuerzos en la electrificación de las comunidades rurales aisladas con modelos innovadores de provisión del servicio eléctrico e incorporando nuevos actores volcados en un servicio de proximidad. Y será necesario poner financiación al
alcance de estas iniciativas.

• Si bien es importante alcanzar la cobertura universal, también lo es maximizar el grado de electrificación, para poder tener unas horas suficientes de iluminación, poder usar los dispositivos electrónicos básicos (de especial importancia para la comunicación, la educación y la información) y poder conservar los alimentos. Para ello, el suministro de electricidad debe ser: fiable, de calidad y con un coste asumible por los usuarios.

• Importancia de la integración/coordinación de la admón. pública (políticas públicas) con la iniciativa privada y los usuarios. El objetivo sólo será posible mediante una clara prioridad política que se articule en una colaboración eficiente entre las administraciones públicas, en las que es clave el papel del regulador energético, las iniciativas empresariales y la sociedad civil.

El papel de los Estados. El papel de los Estados es el establecimiento de los objetivos de política energética, referidos a la seguridad del suministro energético, de calidad, al menor coste posible, con el menor impacto ambiental posible y con una máxima cobertura. Para ello, ha de existir voluntad política, institucionalización en la política energética y acción política decidida para cumplir estos objetivos de política energética. En particular, prácticamente todos los Estados iberoamericanos han declarado como prioritario el objetivo del acceso universal a la energía.

Papel de los reguladores energéticos.  El papel de los reguladores energéticos es establecer o promover regulaciones eficientes que permitan alcanzar de forma eficiente los objetivos de política energética, esto es, al menor coste posible. Por lo tanto, en el caso que nos ocupa, la universalidad del acceso a la energía se ha de alcanzar cuanto antes y al menor coste posible.

Posibles mecanismos regulatorios . Cualquier intervención para facilitar el acceso debe maximizar su impacto social, optimizar su impacto medioambiental y considerar su sostenibilidad económica a medio y largo plazo. Los posibles mecanismos regulatorios para alcanzar de forma eficiente el objetivo de la electrificación de las zonas aisladas llevan a la participación del regulador en: (1) la planificación energética a medio y largo plazo, (2) el establecimiento de normas técnicas simplificadas (de seguridad,
calidad y continuidad del suministro, de conexión a la red, de operación de micro redes, etc), (3) la regulación económica (para la metodología tarifaria, uso de subsidios, sostenibilidad económica de las actividades y de los sistemas eléctricos, incentivos de escala para licitaciones, etc), así como (4) el establecimiento de regulaciones que recojan los derechos de los potenciales consumidores, la resolución de las quejas y las reclamaciones.
Incremento de las funciones del regulador. Actualmente el regulador fiscaliza/supervisa la calidad del servicio, participa en los planes de expansión de la red de transporte, propone las retribuciones a las actividades de red y calcula/establece las tarifas eléctricas. El rol futuro del regulador ha de contemplar con claridad la electrificación los sistemas aislados para aplicar una regulación flexible, que sea adaptable al avance tecnológico y que atienda a las características especiales de los usuarios en dichos sistemas (condiciones de pobreza, dificultad de acceso, etc). Adicionalmente, ha de posibilitar la diversificación de productos/servicios en la red de distribución: ampliar oferta para generar mayores ingresos y mayor utilidad para el usuario (lo que favorece sostenibilidad económica).
Papel de los agentes desarrolladores. La escasa capacidad local requiere de ayuda técnica y de gestión en las soluciones. Para ello, la iniciativa privada, la sociedad civil y las autoridades deben actuar de forma coordinada (coordinación con las autoridades locales como prescriptores del servicio). Por ello, es posible que el modelo de empresa más adecuado para el objetivo de la electrificación de zonas aisladas sea un nuevo tipo de empresa, pequeño, más próximo al usuario rural, que puede tener formas jurídicas diversas y diferentes a las tradicionales, (microempresa, asociaciones, cooperativas, empresas sociales...)
La cadena de valor tecnológica. Con respecto a la cadena de valor tecnológica, se recomienda la utilización de equipos de tercera generación con certificación de calidad y la integración de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC), así como una buena gestión de la cadena de valor (finanzas, stocks, pagos...). En este punto, la energía solar fotovoltaica de tercera generación ofrece oportunidades importantes en la medida en que facilita la movilidad y modularidad de los sistemas. La sustitución de motores diesel por sistemas híbridos usando micro redes, también genera posibilidades tecnológicas, ambientales y una disminución de los costes.
Las zonas multinacionales (la Amazonia y el Altiplano).
Cuando la problemática se aborde en zonas de características similares pero supranacionales, como la amazonia o el altiplano, sería deseable desarrollar iniciativas que incluyan a varios países, aunque para ello se requiera la posible firma de un tratado internacional para la coordinación de estrategias sobre subsidios, precios, tecnologías, modelos de negocios.
La participación de las comunidades autóctonas. Asimismo, es importante tener en cuenta la diversidad intrínseca en estas áreas (la Amazonia o el Altiplano) para establecer en ellas canales de participación con las comunidades autóctonas a través, por ejemplo de los líderes locales, religiosos, comités
• Por último, y en base a la experiencia vivida en el seminario, se aconseja la celebración periódica de este tipo de seminarios, con el fin de ir revisando las soluciones técnicas y regulatorias más eficientes en cada momento, en la medida en que vaya mejorando la tecnología y se cuente con una mayor experiencia en el funcionamiento y en la organización de los actuales desarrollos.
• No se ha de olvidar que el objetivo final es que se pueda alcanzar cuanto antes la cobertura eléctrica universal y que ésta sea sostenible tecnológica, económica y ambientalmente, y para ello, es preciso revisar periódicamente la regulación energética de forma que facilite la implantación de los nuevos desarrollos.

El enlace al libro está aquí

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