Por Fernando Urquiza
El pasado 17 de febrero, el Consejo de ministros aprobó la nueva la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética para el periodo 2026-2030 que sustituye a la aprobada para el periodo 2019-2024.
Esta segunda Estrategia tiene como fin poner las bases para transformar la misma desde un sistema asistencial a uno estructural que permita reducir consumos y necesidades energéticas de los colectivos vulnerables. Para ello, se fijan tres objetivos:
1. Disponer de un conocimiento adecuado que permita a las Administraciones Públicas y al resto de agentes, en sus distintos ámbitos competenciales, caracterizar y abordar eficazmente la pobreza energética. 2. Garantizar la efectiva protección de los consumidores en situación de vulnerabilidad energética. 3. Promover la implementación de medidas estructurales orientadas a reducir las necesidades energéticas de los consumidores vulnerables y, por tanto, la pobreza energética en general.
Para ello, se definen cuatro ejes que se desglosan a su vez en trece medidas:
Finalmente, se incluyen un total de 33 acciones con las que se busca alcanzar las medidas propuestas.
Una de las principales críticas realizadas a la primera Estrategia ha sido la de su falta de materialización. Si bien la Estrategia fue bien recibida y se consideró, en términos generales, una buena propuesta, la crítica vino a posteriori por la falta de implantación de las medidas y acciones consideradas.
Está claro que, por ejemplo, el objetivo de reducir el número de personas en situación de pobreza energética no se ha conseguido pues, transcurridos seis años, el porcentaje de familias en situación de pobreza energética se ha mantenido, si no incrementado, según los indicadores utilizados al efecto, lo que significa que, en términos absolutos, las personas en situación de pobreza energética, se han incrementado.
Otra crítica generalizada se refiere a la aplicación de los mecanismos de subsidio, básicamente, el bono social y el Ingreso Mínimo Vital que, si bien no es específico de la pobreza energética, debería ayudar a paliarla. Ambos mecanismos no han conseguido llegar de manera generalizada a los colectivos vulnerables. En el caso del bono social, en concreto, algunas referencias existentes indican que entre el 70-75% de los potenciales beneficiarios no lo están percibiendo.
Dicho esto, la nueva ENPE busca, como ya hemos mencionado, desarrollar medidas concretas que permitan avanzar en el objetivo principal. Por ejemplo, respecto al conocimiento de la realidad de la pobreza energética, se acuerda la creación de un Observatorio.
Por otra parte, se establecen medidas concretas para mejorar la eficiencia energética de las viviendas de los colectivos afectados mediante proyectos piloto de intervención exprés en viviendas vulnerables, rehabilitación energética de hogares de familias vulnerables o el desarrollo de la normativa sobre comunidades energéticas y autoconsumo colectivo como herramientas de inclusión energética.
Para finalizar, mencionaré las medidas incluidas en el Eje IV, destinadas a mejorar la coordinación interadministrativa, información y sensibilización sobre la pobreza energética que han sido una demanda generalizada de los agentes sociales involucrados en la lucha contra esta lacra social.
Para más información: https://www.miteco.gob.es/es/energia/pobreza-energetica/pe-003/pe-13.html
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