Por Fernando Urquiza
La paralización económica sufrida por la economía a nivel mundial a consecuencia de la pandemia derivada de la COVID 19 ha afectado directamente a las economías familiares. En concreto, en España el paro se incrementó en más de 700.000 personas desde febrero de 2020 hasta febrero de 2021 y eso a pesar de las medidas aprobadas por el gobierno, en especial, las derivadas de los ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) a los que se llegaron a acoger casi 900.000 trabajadores a principios de febrero de 2021, que han seguido percibiendo una parte de sus ingresos durante el tiempo que sus empresas han parado su actividad.
Según los datos publicados por el INE en su última encuesta de Condiciones de Vida, correspondiente a 2020, el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE) aumentó al 26,4% desde el 25,3% de 2019. El 7% de la población se encontraba en situación de carencia material severa, frente al 4,7% del año anterior.
Esta situación se ha concretado en imágenes como las vistas en los telediarios de cientos de personas esperando para poder recibir alimentos en las denominadas “colas del hambre”. Muchas de esas personas se enfrentaban a una situación absolutamente impensable para ellas, unos meses atrás. Según informes de Cruz Roja España, “Dado el grave impacto económico de la pandemia, Cruz Roja tiene previsto atender durante este año a más de 17.000 personas, lo que supone un incremento del 15% sobre sus previsiones al inicio del año”. El 50% de esas familias atendidas por Cruz Roja tiene que elegir entre hacer frente a los gastos básicos de la casa como comprar comida o calentarse adecuadamente.
En consecuencia, la mayoría de esas familias se están enfrentando, entre otros problemas, a la denominada pobreza energética o lo que es lo mismo, tienen dificultades para afrontar los gastos derivados de los suministros energéticos necesarios para mantener su vivienda en condiciones confortables.
Esto ha hecho que, por ejemplo, los hogares acogidos al bono social eléctrico, en julio de 2020 se hubieran incrementado en un 6% respecto a los acogidos en septiembre de 2019, y esto a pesar de las dificultades que presenta, actualmente, su tramitación. Esta dificultad en su gestión es lo que ha dado lugar a la publicación por parte de la Cátedra de Pobreza y Energía de la Universidad de Comillas, de la que Energía sin fronteras forma parte, de una “Propuesta de mejora de la gestión de solicitud y concesión del bono social y de la coordinación entre los agentes involucrados, como aportación al desarrollo de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética”.
Dicho documento pone de manifiesto, en primer lugar, que la configuración actual del bono social deja fuera de su cobertura a importantes colectivos de personas en situación de vulnerabilidad, como los que residen en infraviviendas o aquellos que no son titulares del contrato. Asimismo, se indica la necesidad de simplificar la tramitación del mismo, dado que la complejidad del procedimiento actual presenta importantes complicaciones para muchos de los afectados.
Otro de los problemas planteados, derivado también del procedimiento en vigor, es que los servicios sociales se han visto saturados por las tareas asignadas, lo que da lugar a que el tiempo de tramitación se alargue mucho más de lo deseado. Similar problema se presenta con las tareas asignadas a las comercializadoras de referencia, más allá del que se les debería atribuir. Todo ello hace necesario que la tramitación del bono social se simplifique y se automatice de manera que llegue a todas las personas con derecho al mismo.
Por otra parte, el documento concluye que si bien el bono social es una herramienta totalmente necesaria en la lucha contra la pobreza energética, como medida paliativa, es necesario llevar a cabo, de manera complementaria, otra serie de medidas estructurales que sirvan para erradicar de nuestra sociedad la pobreza en todas sus formas, incluida la pobreza energética.
Por Fernando Urquiza