Una de las consecuencias de la COVID 19 está siendo el incremento de la pobreza energética, entendida, con muchos matices, como “la incapacidad para poder pagar la factura de la energía”; situación que se manifiesta con mayor crudeza en las zonas urbanas y periurbanas y en todos los países. Actualmente, el ODS 7 no considera este déficit como falta de acceso a la energía y tampoco las situaciones en que, por debilidad de la red, el usuario sufre frecuentes cortes y está obligado a usar alguna otra forma de suministro, con el coste añadido que eso supone.
Sin embargo, muchos pensamos que estas dos situaciones son otras formas de falta de acceso, pues aunque se disponga del acceso físico, éste no es permanente o no se puede pagar. Hay también otras voces que plantean considerar pobreza energética cualquier modalidad de falta de acceso, incluido el acceso físico no constante. Unificar criterios sobre falta de acceso y pobreza energética, permitiría encontrar mejores fórmulas para solventar todas estas situaciones. El artículo que comenta José Luis, propone una nueva métrica de la pobreza energética que facilitaría esta gestión coordinada.
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Blog entrada de José Luis Trimiño 23 de septiembre de 2020
