«El mundo se quema y se ahoga ante nuestros ojos. Insto a todas las partes a que demuestren que lo ven y lo comprenden. Envíen una señal clara de que las voces de quienes están en la primera línea de la crisis finalmente se están escuchando». Esta llamada, a la desesperada, la hacía el Secretario General de Naciones Unidas António Guterres ante la falta de avances y consensos dos días antes de finalizar la COP27 en Sharm el-Sheikh (Egipto).
Tras días de negociaciones sin progresos, en el último momento saltó la sorpresa en forma de un acuerdo histórico que restablece la relación entre países ricos y pobres. Sin oposición, se aprobó el acuerdo para crear un Fondo de Pérdidas y Daños para ayudar a las naciones en desarrollo a enfrentar la devastación del cambio climático. No era un asunto nuevo en la agenda climática, pues esta reivindicación se viene planteando desde 1991, antes incluso de iniciarse las COPs. De ahí la gran sorpresa, ya que históricamente ha sido un tema tabú para los países ricos y emisores, al abrir la puerta a las cuestiones de responsabilidad e indemnización. Pero el acuerdo es casi una hoja en blanco, se deja todo para la COP28 en Dubái: no se han comprometido sumas de dinero, ni quien paga y quien recibe, ni cuál será el mecanismo de funcionamiento. Pero que se reconozca es una gran noticia; ya nadie cuestiona que los países desarrollados con largo historial de emisores son los mayores responsables de los cambios del clima observados y que impactan especialmente sobre países y regiones en desarrollo y más vulnerables, cuya contribución histórica al calentamiento ha sido casi nula. Es una señal importante en el reconocimiento de los derechos y la justicia climática.
Otra novedad ha sido el acuerdo para reformar la arquitectura financiera global y que se alinee mejor con los objetivos climáticos, cambiando los mandatos de los bancos multilaterales de desarrollo como el Banco Mundial e instituciones como el Fondo Monetario Internacional y fomentando la participación de los gobiernos, bancos centrales, bancos comerciales, inversores institucionales y otros actores financieros para garantizar que un mayor financiamiento fluya hacia proyectos de transición energética y esfuerzos para adaptarse a un planeta que se calienta.
Y decepcionantes fueron los nulos avances en mitigación, a pesar de los esfuerzos de la Unión Europea. Se sigue manteniendo en los textos el objetivo de 1,5 o C de calentamiento, pero no se avanza en pedir mayor ambición en la reducción de las emisiones de CO2, cuando los informes de Naciones Unidas indican que, con los compromisos de mitigación actuales, el incremento de temperatura será de aproximadamente 2,5oC. Tampoco se aceptó que el máximo global de emisiones se alcance en 2025 como recomienda la ciencia. Y aún más importante, no se insta en el texto aprobado a reducir el consumo de todos los combustibles fósiles. Sólo se cita la eliminación gradual de energía de carbón y de los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles, un texto ya aprobado en la anterior COP26. Muchos observadores denunciaron que la presión de los estados petroleros y la industria de los combustibles fósiles fueron determinantes para debilitar el texto en los minutos finales de la conferencia.
Logros sí, pero muy insuficientes y en la mente de muchos asistentes, la sensación de una gran decepción, una vez más.
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