PobrezaEnergetica 2La Fundación Energía sin Fronteras, cuya misión es “contribuir, en línea con los ODS incluidos en la Agenda 2030, al desarrollo y mejora de la calidad de vida de personas y comunidades desfavorecidas, facilitando el acceso a servicios de energía moderna, agua potable y saneamiento, de forma segura y sostenible a los que no los tienen o los tienen de forma precaria o inasequible” ha contribuido, como parte de su nueva estrategia para España, a la consulta pública lanzada el pasado mes de diciembre por el Ministerio para la Transición Ecológica como paso previo a la aprobación de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (PE). Esta Estrategia Nacional forma parte de las medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores aprobadas por el Gobierno el pasado 5 de octubre de 2018, mediante el Real Decreto-ley 15/2018.

Situación de vulnerabilidad.-En opinión de Energía sin Fronteras, entre los factores a tener en cuenta a la hora de determinar las situaciones de pobreza energética el principal es la insuficiencia de ingresos, al ser la PE una cara más de la pobreza en general. Un segundo factor a considerar sería la ineficiencia energética de la mayoría de los hogares en situación de vulnerabilidad lo que da lugar a un consumo energético proporcionalmente mayor.

Colaboración pública y privada.-La puesta en marcha de una estrategia a nivel nacional de la lucha contra la PE debe contar no solo con la participación de las instituciones públicas sino también con aquellas instituciones privadas que más en contacto con los afectados se encuentran. Respecto a los primeros, los servicios sociales municipales, es evidente que es necesario tomar medidas que eviten el colapso, aún mayor de estos servicios. Respecto a los segundos, es necesario que esta participación cuente con un compromiso efectivo por parte de los mismos por lo que no debe ser impuesta.

Identificar los beneficiarios.-Hay que tener presente la dificultad de identificar a las personas en situación de vulnerabilidad que, en muchos casos, no tienen interés en ser identificados. En este sentido, podría ser útil ligar la aplicación de medidas vinculadas al suministro energético con otras como el derecho a la renta mínima de inserción o a otros tipos de prestaciones no contributivas. Esto evitaría que los afectados deban “retratarse” reiteradamente y que en la manera de lo posible se le asignen las ayudas sin necesidad de solicitar las mismas. Hay que tener en cuenta que en muchos casos, sobre todo de personas mayores, no se solicitan las ayudas por falta de conocimiento y por la dificultad de enfrentarse a los requisitos necesarios para solicitarlos.

Mejorar las actuales medidas.-Respecto a las mejoras sobre las medidas ya existentes, El primer aspecto que quizás habría que plantearse sería si cabe la posibilidad de establecer un sistema único de ayudas económicas a las personas en situación de vulnerabilidad ligadas a la renta familiar, número de integrantes de la unidad familiar y circunstancias de la misma con independencia del motivo que propicie la necesidad de las ayudas. En cualquier caso, habría que ir pensando en un sistema de bono social integrado que considere todas las posibles necesidades energéticas de los hogares, electricidad, climatización, cocina, agua caliente, etc. mediante un procedimiento único y a poder ser de fácil tramitación. Una de las principales mejoras que sería necesario introducir debería ir encaminada a automatizar el procedimiento de acceso a estas ayudas.

Actuaciones energéticas.-Respecto a las actuaciones en materia energética, lo primero que hay tener presente es que la mayoría de las familias en situación de vulnerabilidad no son propietarias de las viviendas en las que residen. Por lo que si se realizan obras de mejora en dichas viviendas dichas mejoras pueden traer consigo consecuencias no deseadas para las familias que residen en ellas. Es por ello necesario que las medidas de mejora en ahorro y eficiencia energética aplicadas a familias en situación de vulnerabilidad vayan ligadas a la permanencia de dichas familias en las viviendas rehabilitadas. Una solución podría ser ligar el coste de la rehabilitación a los ahorros en los consumos de tal manera que mientras la familia a la que van destinadas las ayudas permanezca en la vivienda la inversión realizada se pague con cargo a las ayudas al consumo evitadas.

 

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